A todos debe preocupar, ocupar y comprometer la buena marcha de la economía. Los informes sobre su estado actual no son del todo desastrosos, pero indican claramente que el crecimiento ha sido insuficiente en este arranque de sexenio. Sin embargo, si bien extraña a algunos, y quizá hasta inquieta, que las autoridades muestren demasiado optimismo frente a las cifras del INEGI, lo que sí sería una noticia muy negativa es que la economía se ubicara en recesión. Por fortuna, aún cuando la amenaza está presente, no es lo mismo desaceleración económica que un fenómeno recesivo.

El motor principal de la economía es la inversión, pública y privada, más la segunda que la primera. Quienes invierten, lo hacen con la idea de recuperar lo que arriesgan más una utilidad. Lo que se supone que es una decisión racional, en realidad se procesa a partir de la incertidumbre y de símbolos a interpretar. De ahí que las empresas, los proyectos y los países en búsqueda de inversión, requieren mitigar la incertidumbre a manera de atraer capital generando confianza en torno a las condiciones para invertir.

En este sentido, no solo es una postura electoral o política decir que la corrupción es un problema para la atracción de capitales. El mundo ha cambiado para hacer de la probidad un valor y una condicionante. Cuando ocurren actos de venalidad en empresas que cotizan en bolsa, y más de las globales, los órganos reguladores y las autoridades las sancionan severamente. La corrupción es una amenaza a la economía. Por eso, que el país dé pasos decididos para su mitigación debe ser compromiso de todos.

Acabar con la corrupción es uno de los objetivos compartidos por la mayoría de los mexicanos, la cuestión es que la prédica moral siempre será insuficiente, por enérgica que sea y por más elevada que sea la autoridad que la profiera. En esta materia, se necesita más que discurso; serán necesarias las acciones de vigilancia y denuncia, las instituciones y prácticas públicas asociadas a la supervisión y a la auditoría, la transparencia e información de procesos, la participación social y los procedimientos de sanción. El país tiene todo para librar con éxito esta batalla, habida cuenta que los mexicanos tienen confianza y apoyan al presidente en su determinación de luchar contra la corrupción y rechazan o repudian todo aquello que se asocia a la deshonestidad.

No es menor que ocurra este respaldo a la decisión presidencial en tiempos marcados por desencuentros. De hecho, desterrar la impunidad y promover la vigencia plena del estado de derecho es hoy día, muy probablemente, el único consenso posible en el México de la llamada cuarta transformación. Si se mantiene el empeño y el anhelo colectivo de lograr la vigencia plena del régimen legal puede llegar a ser el gran paso y quizá el principal legado de este sexenio, no solo para lograr una convivencia civilizada y al amparo de la justicia, sino para promover el necesario desarrollo económico del país.

Certeza y confianza se alimentan de razones, pero también de símbolos. El presidente es el principal factor en la generación de éstas y es quien más afecta o ayuda a partir de las decisiones que tome su gobierno. Se advierte que la presidencia ha realizado un amplio e intenso esfuerzo de diálogo y comunicación con los sectores económicos en el marco de las decisiones de gobierno; sin embargo, este encomiable esfuerzo se complica por decisiones de autoridad que van a contrapelo del juicio y del interés natural del público inversionista.

Esta circunstancia de reserva se ve mayormente comprometida si agregamos asuntos que conllevan un franco desentendimiento del gobierno respecto a compromisos suscritos. La indemnización no es vía suficiente para salvaguardar el interés del inversionista, porque detrás de un arreglo de ese tipo, que atañe utilizar recursos públicos tan escasos en estos tiempos, la propia suspensión de proyectos de inversión envía un mensaje desalentador al sector del dinero. Esto se complica todavía más cuando se procede al incumplimiento de obligaciones bajo la tesis de que los contratos firmados en el pasado no atendían el mejor interés del país o que servían de pretexto para hacer negocios con recursos del erario. Otra vez hay que insistir: nadie está en desacuerdo con que se castigue la corrupción, el problema se genera cuando los casos de abusos cometidos desde el poder sólo se señalan mediáticamente y se usan políticamente, como atendiendo una lógica electoral.

Castigar proyectos no es la mejor forma de castigar la corrupción. No gastar el dinero convenido en el presupuesto por temor a que “se lo roben” lejos de ser un mensaje de austeridad y de manejo honesto de las arcas, es un signo de mayúscula desconfianza al propio gabinete, es decir, a quienes el presidente les ha encomendado cargos públicos. Es urgente que el país reemprenda la vía de un crecimiento sostenido y robusto, suficiente para generar justicia y bienestar, y éste no se va a lograr sin el concierto de la inversión privada.

 

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