Abatir el crimen y la violencia se ha vuelto el desafío mayor de ésta y de la pasada generación. Desde hace décadas, las cifras han ido en aumento. Los gobiernos de todos los órdenes y de todos los partidos sufren el desgaste derivado del embate, de la complacencia o de la complicidad ante la delincuencia. Los electores padecen la seducción de las soluciones rápidas y fáciles a un problema sumamente complejo y que demanda no solo la colaboración entre poderes y autoridades, sino también una participación muy activa de la sociedad.

El presidente López Obrador como candidato, anticipó que la solución llevaría años, sin embargo, la expectativa de siempre ha sido la de ver desde ya una disminución de los números de la delincuencia, a pesar de que muchos delitos están en el ámbito de las autoridades y cuerpos de seguridad locales y municipales. Se ha dicho con razón que el curso exitoso de la cuarta transformación pasa por la seguridad y una mejor justicia. Pero, insisto, no es cuestión de una autoridad, de un partido o de un proyecto político. Esta es, como pocas, una batalla de todos.

El liderazgo del presidente alcanza para hacer un llamado a todo el país a emprender una cruzada nacional por la seguridad y la justicia. Se tiene que atacar el problema desde muchos frentes. Desde luego, está el tema social, que tiene que ver con la falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes. No se puede criminalizar la pobreza, pero tampoco puede haber complacencia. La impunidad invita al delito. La observancia de la ley por todos es la premisa de civilidad y garantía de vigencia plena de derechos.

El presidente y el Constituyente Permanente han definido el marco jurídico para la Guardia Nacional. El Ejército y la Marina han sido un componente fundamental para dar fortaleza al Estado mexicano en la lucha contra el crimen organizado. Aunque mucho se ha avanzado en el sistema de seguridad nacional, las fuerzas armadas hasta hoy día continúan siendo la parte más confiable para enfrentar el problema. Esto plantea riesgos importantes, incluso para las mismas fuerzas armadas. La solución que se ha dado pretende combinar las virtudes del régimen castrense con las del de seguridad civil.

En este marco, es consecuente con la naturaleza de la Guardia Nacional que el presidente haya nombrado a un militar como su comandante, el general brigadier Luis Rodríguez Bucio. Con el nombramiento debe darse por terminada la discusión sobre el tema, y es un acierto pasar cuanto antes al desarrollo del marco legal que habrá de regularla. Es mucho lo que debe hacerse y ahora corresponde al Congreso y también al ámbito local dar impulso a un sistema integral de seguridad. Debe quedar claro que buena parte de los delitos y particularmente las acciones preventivas que más afectan a los mexicanos están en manos de la llamada policía de proximidad, la que normalmente está en peores condiciones en términos de capacitación, remuneración, reconocimiento y estímulos.

Uno de los problemas ha sido la insuficiencia de recursos para la seguridad, sin desconocer que no siempre ha habido su mejor y más adecuada aplicación. La seguridad cuesta, y mucho, pero es considerablemente más costosa su insuficiencia. El Poder Legislativo Federal y los locales deben emprender una reforma fiscal que etiquete mayores recursos para la seguridad. Por ejemplo, al reestablecer el pago de la tenencia vehicular bien podría aplicarse a la seguridad una proporción de dichos ingresos. De igual manera, debe hacerse un inventario serio de los recursos orientados a la seguridad. Las fiscalías deben fortalecerse de manera considerable, de la misma manera que los tribunales en materia penal. Otro de los temas de urgente atención es el sistema carcelario nacional. Las prisiones se alejan por mucho del espíritu humanista que busca la reinserción social del delincuente y hay sobradas evidencias que más bien son escuelas avanzadas para la delincuencia.

La cruzada por la seguridad debe ser una convocatoria del presidente y en ella deben participar todos. Es mucho lo que está de por medio y es evidente que por más esfuerzos que se hagan en el nivel federal, un avance en la materia requiere de la presencia de todas las instituciones públicas, privadas, sociales y de los ciudadanos.

Por lo pronto, hay una exigencia social inmediata que se vuelve necesidad para el gobierno federal: dar eficacia a la Guardia Nacional. El general Rodríguez Bucio reúne atributos que permiten ver con optimismo lo que viene. Su formación y trayectoria aseguran perspectiva global y también sentido de la importancia de la vigencia plena de los Derechos Humanos y de una respuesta institucional moderna e inteligente contra el crimen, especialmente hacia la delincuencia organizada. Será tarea de la Secretaría de Seguridad Pública incorporar a todas las instituciones del ámbito local a un propósito compartido de responsabilidad para cumplir el anhelo fundamental de los mexicanos hoy día, el de la seguridad.

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