La imparcialidad al igual que la objetividad o la neutralidad son conceptos siempre deseables, pero difíciles de alcanzar. Se requiere de mucha honestidad intelectual o profesional hacerlos posible, sobre todo cuando el plano de responsabilidad institucional lo exige, particularmente en las tareas de la justicia.
La procuración de justicia ahora a cargo de fiscales autónomos demanda imparcialidad. Lo mismo para el juzgador. La verdad casi siempre es elusiva, porque se trata de hechos, pero también de asignar presuntas responsabilidades y por lo mismo quien investiga o quien juzga debe hacer un juicio que involucra la lógica asociada a la razón y también a valores vinculados a la ética. En materia de justicia no debe pretenderse aceptación o aval social. Lo que se requiere es actuar con cabal apego a la ley y que lo actuado incorpore un indeclinable compromiso con la verdad.
La mayor dificultad que ha encarado la comisión que se integró en este gobierno para esclarecer los hechos de Iguala –en el que desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa– es que careció de los atributos necesarios para realizar una investigación imparcial. De esta forma las conclusiones no fueron resultado de la valoración objetiva de los hechos, sino que se partió de una hipótesis a partir de la cual los datos y los testimonios fueron relacionados con la idea preconcebida de que había sido un crimen de Estado en el que las fuerzas armadas participaron en connivencia con el grupo criminal dominante en la región. Por eso no extraña que los elementos de prueba no sostienen las conclusiones presentadas en el reporte final.
Ahora se llega a una circunstancia comprometedora para la legalidad y también para el objetivo de obtener certeza de los acontecimientos y base para proceder contra los responsables de hechos que resultan atroces. La FGR ha tenido que valorar los elementos y las consideraciones proveídos por la comisión especial para emprender las acciones ministeriales formales. Es inaceptable que la polarización y el interés particular pongan en entredicho la actuación de la Fiscalía, que más allá de cualquier prejuicio o camisa de fuerza que se le quiera imponer, debe actuar con rigor, como es su vocación y mandato.
