Las reglas de la política y de la democracia son inexorables, independientemente de la singularidad de los tiempos y del estilo de gobernar de quien está al frente del poder. El mandato se circunscribe a un período establecido, y si bien es natural el anhelo de trascender, la realidad y la ley han impuesto los límites y frenado cualquier despropósito. Los gobernantes que se resisten a entender el ciclo natural del mandato son quienes padecen el tramo más complicado de una administración, el cierre de gobierno.

El tercer tercio de la gestión presidencial ocurre en medio de la baja expectativa interna y externa sobre lo que puede realizarse y el siempre complicado proceso de sucesión. Existen dos planos contradictorios: por una parte, una idea de plenitud del poder, asociado a la decisión de compartirlo con quien es elegido para dar continuidad al proyecto político. Por la otra, su merma natural, presionando al gobierno en centrarse en consolidar lo que está en curso, con muy poco espacio para nuevas iniciativas o proyectos.

Así, es menester que el presidente centre su atención en el aterrizaje de su gestión pública. En el tercer tercio cobra dimensión el tiempo y la preocupación más relevante es concluir los proyectos y dejar las mejores condiciones posibles al próximo gobierno. Política y administración convergen, y con frecuencia, los objetivos de la primera comprometen el buen ejercicio de la segunda.

En este contexto, a los gobernados nos preocupan las consecuencias del desencuentro con los socios comerciales por el capítulo energético del acuerdo comercial. Es evidente que el Presidente tiene la convicción de que el tratado no define un marco particular en materia petrolera y energía eléctrica (“ajustes de forma” Seade dixit), postura diferente a la de los gobiernos de EU y Canadá.

La realidad es que el tratado define procedimientos y tiempos para la solución de diferencias. La cuestión central es que, si se concluye que México incumplió el TMEC, se complicarían las exportaciones mexicanas y se impondría una sanción cuyo monto tendría un severo impacto a las finanzas públicas. Hay razones sobradas para ver el tema con preocupación. Sería un pésimo cierre de gobierno y un golpe a la expectativa de futuro del país.