Uno de los problemas estructurales más serios y con impacto en múltiples aspectos de la vida social, es el déficit de legalidad. No es un asunto nuevo, pero lo que se ha visto en estos meses no guarda precedente y debe preocupar a todos. No es solo el incumplimiento de la norma por parte de las autoridades, sino incluso el desentendimiento abierto a las sentencias y resoluciones judiciales.

La impunidad es un agravio mayor a la sociedad. La ausencia de sanción legal es una afrenta a la convivencia civilizada y es causa de muchos otros problemas como es la violencia y la inseguridad, la afectación a los derechos de las personas, la incertidumbre y la desconfianza para la inversión, que afecta el crecimiento económico.

En el ámbito electoral existe una situación delicada en extremo. El órgano electoral se ha visto descalificado por la presidencia, el partido mayoritario, sus legisladores y funcionarios federales y ejecutivos locales. Sus determinaciones son rechazadas sistemáticamente bajo la falsa tesis de que son una expresión de parcialidad. Esta postura mina la autoridad de quien tiene la difícil encomienda de conducir la competencia por el poder y, consecuentemente, reduce fuerza a sus decisiones.

La tarea del INE y de los órganos electorales locales es la aplicación estricta de la ley. Hay casos, como las normas de publicidad y actuación de interesados en materia de revocación de mandato, que van contra la naturaleza misma de la política. Sin embargo, las autoridades harán bien en no entrar al debate sobre lo justo o lo injusto, y deben cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que no hay espacio para rechazar sus decisiones. En todo caso recurrirlas por la vía jurisdiccional y, en su momento, enmendarlas por el Congreso.

Que las autoridades se desentiendan de las sentencias del Tribunal Electoral, jurisdicción de última instancia, reviste la mayor gravedad. La negativa de la mayoría parlamentaria en la Comisión Permanente de rechazar la resolución de incorporar a esa estructura administrativa a la representación de Movimiento Ciudadano es un muy lamentable precedente. Lo deseable es que la Corte rechace el intento de quebrantar la definitividad de las decisiones del Tribunal y obligue a todos a cumplir la ley.