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La hora del Legislativo

El país está viviendo un cambio de régimen. No se trata de la cuarta transformación a la que ha convocado el presidente electo, sino de una nueva estructuración del poder. Hubo cambio de régimen cuando se desconcentró el poder con los órganos autónomos, cuando ganó independencia plena la Suprema Corte de Justicia y, especialmente, se ratificó cuando en 1997 el Ejecutivo perdió mayoría afín en el Congreso e incorporó la pluralidad en la definición del presupuesto y de las acciones de gobierno. Ahora, con la amplia mayoría de la coalición que llevó a López Obrador a la Presidencia, se sientan las bases para un nuevo régimen de gobierno.

Un presidente fuerte no necesariamente se acompaña de un Congreso a su servicio por la mayoría afín que lo integra. Una presidencia tiene fortaleza no por la capacidad para imponer, sino para ejercer un liderazgo sobre el conjunto de la sociedad y hacer valer un proyecto político que dé al país buenos resultados; para efectos prácticos: crecimiento, libertades y bienestar para todos. López Obrador tendrá un equipo de colaboradores que habrá de acompañarle para hacer realidad lo que se propone. Pero el Congreso tiene otro carácter, y su condición de órgano de representación conlleva una dinámica, agenda y visión propias.

De otro lado, un Congreso que confronta al presidente de ninguna manera conduce a la funcionalidad del régimen presidencial. Ocurrió en los primeros años del gobierno dividido y se explica por lo inédito del proceso político. También ocurrió durante los años de la presidencia de Vicente Fox. La pluralidad no necesariamente conduce al conflicto, aunque sí genera tensiones propias de las diferencias políticas y, también, hay que reconocerlo, de los intereses legítimos y no legítimos propios de la competencia.

El nuevo Congreso se ha instalado y el proceso de integración de órganos legislativos en el ámbito local está en curso. En lo general ha sido armónico, pero también se han presentado casos que indican que la llamada cuarta transformación bien podría naufragar por la inmadurez política y la fragilidad del sistema de partidos. Aunque es cuestionable, se podría entender que muchos candidatos afines a Morena, registrados como miembros del PT o del PES a efecto de dar la vuelta al candado de la sobre representación, decidieran ya como legisladores electos sumarse a Morena. Sin embargo, es una falta mayor, por no decir impudicia, que legisladores electos por un partido que compitió contra Morena en todos los órdenes de la elección, se sumen a la mayoría no solo como un acto de oportunismo, sino como resultado de una negociación en la penumbra, como si los legisladores fueran artículos de cambio en el acuerdo de sus dueños por debajo de la mesa.

De la misma manera es lamentable el caso que se presenta en Chiapas, donde las mujeres que han sido electas por la vía de mayoría o por la de representación proporcional, renuncian en masa para que los suplentes, varones, puedan llegar al cargo con el propósito de darle la vuelta a la norma que establece la paridad de género en la integración de las candidaturas. Aunque el INE ha resuelto intervenir, la solución no es simple. La sanción no puede quedar en la remediación del caso, debe ser severa y ejemplar no solo por la evidente ilegalidad de por medio, sino por la obscena manipulación del voto y de las reglas de la integración de la representación política. La concesión de muy discutible legalidad que permitió candidaturas de ejecutivos al Senado ha derivado también en otro agravio a la democracia, el peor espectáculo conocido en la integración de órganos legislativos. Esto es un retroceso y, desde luego, una descalificación de la supuesta voluntad de los aludidos de participar en la cuarta transformación a la que se ha convocado.

El Congreso tiene una muy importante responsabilidad. Se entiende que la mayoría afín al Ejecutivo habrá de servir para apoyar los cambios por los que votaron los ciudadanos y que los llevó al cargo público. Sin embargo, aún con identidad o afinidad partidaria, los legisladores deben asumir su responsabilidad con dignidad, libertad y sentido de independencia respecto al presidente. Se debe integrar la pluralidad a la toma de decisiones. El debate debe fluir sin la soberbia de aquél que de antemano tiene asegurados los votos legislativos. Los dictámenes deben aportar y, en su caso, modificar lo que sea necesario: no caer en la tentación de que las iniciativas del Ejecutivo son intocables y sus términos inamovibles.

Además de la tarea legislativa, el Congreso tiene responsabilidades importantes en el control horizontal de la administración pública. Los nombramientos y las tareas de investigación deben desarrollarse con sentido de responsabilidad. Mucho es lo que pueden aportar al gobierno legisladores rigurosos y activos en el estudio de las iniciativas y, sobre todo, con capacidad para hacer valer, con inteligencia y sensibilidad, el interés del país sobre el particular, el de grupo y hasta el del partido.

El Congreso es el espacio natural para el debate. No debe preocupar el ruido que le acompaña, tampoco el desgaste generado por la polémica y el prejuicio de buena parte de la opinión pública. La actividad legislativa se juzga por los resultados, lo demás es secundario. Todas las fracciones parlamentarias tienen mucho que aportar; en todas hay talento y experiencia. También hay que anotar que un número significativo de legisladores arriban por primera vez a tal responsabilidad y esa es una oportunidad de renovación, pues tal combinación puede tener resultados virtuosos.

La unidad en torno a la línea partidaria es muy polémica, pero es la realidad del parlamento moderno. Aunque muchos privilegian la libertad: incluso se han dado casos en que se declaran independientes de los partidos que los postularon bajo esa tesis. Esta conducta es espacio abierto al filibusterismo y el oportunismo, una de las enfermedades persistentes en los órganos legislativos y la política en general.

El cambio de régimen apunta hacia un presidencialismo fuerte. Precisamente, por tal consideración, hoy más que nunca se requiere un Congreso activo, articulador del interés nacional, responsable y eficaz, sin complejos para coincidir y para disentir. También por ese cambio se votó el 1 de julio.

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