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Alguien tiene que pagar

Hay una diferencia abismal entre la oferta de campaña y el ejercicio de la responsabilidad pública. Quien ofrece, particularmente desde la oposición, no tiene que someterse a la regla elemental de la aritmética: de dónde se obtendrán los recursos para hacer lo comprometido. El ejercicio del poder se padece, aunque su externalidad sea la de un espacio de privilegio, y en cierto sentido sí lo es, el poder decisorio que le acompaña, pero se padece porque no todo se puede, es más, es muy estrecho el margen.

El candidato que lleva amplia ventaja en los estudios de intención de voto, Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido a diestra y siniestra, lo mismo incrementos salariales, subsidios, becas, inversiones o indemnizaciones millonarias por cancelaciones de obras de infraestructura como es la del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

El candidato presidencial se ha comprometido a duplicar la inversión pública, esto es de 500 mil millones a un billón de pesos. A su vez, el rosario de promesas anunciadas por AMLO se calcula en, al menos, 2.3 billones de pesos; solo la oferta de becas para educación básica y media superior y la de subsidio para ninis alcanzaría la cifra de 700 mil millones de pesos, casi una tercera parte del costo de lo prometido. Esto no considera el gasto por la reversión de la reforma energética, la reducción del IVA en la frontera, el traslado de oficinas federales al interior o la inversión de dos refinerías que sería del orden de 420, mil millones de pesos cada una.

Las finanzas del país no tienen forma de alcanzar las cifras mágicas de López Obrador, quien ha pretendido ajustar sus cuentas a partir del cálculo del costo de la corrupción en el país, estimado en 500 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, se ha referido a un programa de austeridad en el que se disminuyan los sueldos de la alta burocracia federal. Lo segundo es notoriamente insuficiente y además difícil de implementar si se incluye a los múltiples órganos autónomos y los poderes judicial y legislativo. Lo primero es una fantasía, aunque estimo que el costo de la corrupción podría ser todavía mayor.

El costo de la venalidad, por elevado que sea, no garantiza que en caso de eliminarla o mitigarla esos recursos de manera significativa transiten al presupuesto federal. El ahorro sería principalmente para la sociedad y el sector productivo, pero de manera marginal para el gobierno federal; además el estimado del costo de la corrupción se refiere a toda la estructura del poder público, no solo a la administración federal. La única manera de ahorrar es no hacer y esto plantea un escenario catastrófico por las necesidades apremiantes de inversión; otra fórmula, emprendida con mucho éxito, es abrir al sector privado la inversión en infraestructura bajo la modalidad de concesiones, estrategia repudiada por el candidato López Obrador.

¿Quién paga? Es la pregunta que permanece en el aire, porque alguien tiene que pagar. En la elección norteamericana el candidato Donald Trump prometió hacer un muro fronterizo; seguramente su oferta caló hondo en un segmento importante del electorado y todavía más cuando prometió que sería México quien pagaría. Una cosa es prometer y otra es cumplir; la relación bilateral se ha complicado por la insistencia retórica del presidente norteamericano sobre algo que de antemano se sabe que no va a cumplir.

¿Quién pagaría los compromisos de López Obrador? Porque como estamos, es imposible financiarlos. Asumir que, de resultar triunfador, no los cumpliría resulta ingenuo. No es así, no es lo que su quehacer en el pasado nos permite esperar de su estructura personal e ideológica. En el supuesto, él tendría que escoger, pero todo es muy costoso; padecería el dilema de decidir qué se hace y quién lo paga.

La respuesta es simple: lo pagarían los mismos de siempre, los causantes formales y las empresas. Aunque ha dicho que no aumentaría impuestos, la ineludible realidad política lo llevaría inevitablemente a revisar la estructura fiscal. La propuesta más eficaz e inmediata para elevar la recaudación es eliminar los hoyos de las exenciones y de la informalidad mediante el incremento del impuesto al consumo de manera generalizada. Pero el IVA a medicinas y alimentos es tabú en la política. En otras palabras, es posible mejorar la recaudación, pero esto conlleva más impuestos y mayor eficacia recaudatoria, lo que significa caer en el terreno del modelo itamita que Andrés Manuel tanto desdeña. Recurrir a la deuda sería suicida, tanto como que en un hogar se decidiera incrementar gasto con la tarjeta de crédito a sabiendas de que no hay ni para pagar los intereses.

López Obrador pertenece a esa vieja escuela de desconfianza estructural al sector privado. Por eso se pronuncia por precios de garantía al sector agrícola y congelar los precios de los combustibles. Incluso desconfía de la sociedad civil. Su concepción es estatista, presidencialista y vertical. La mano mágica en su caso no es del mercado, sino del presidente, país de un solo hombre. De allí vendría el ejemplo “transformador” para acabar en automático con la corrupción, sólo por voluntad. Se trabajaría desde muy temprano en Palacio Nacional para acabar con la violencia y el crimen, incluso, nos ofrece invitar al Papa, seguramente para sentarlo a negociar la paz con Los Guerreros Unidos y el Mayo Zambada. Desde la Presidencia se convocaría a referéndum y plebiscitos para doblar al poder legislativo e imponerles a los “corruptos” la agenda y la Constitución del pueblo bueno. El “dedo mágico” o el imaginario del presidente será capaz de abarcarlo todo.

El argumento económico, legal o social de López Obrador dice mucho de la persona, pero dice mucho más de la sociedad y del momento. Esencialmente AMLO es el mismo de 2006 y 2012, pero las condiciones del país han cambiado. Aunque en muchos rubros ha habido avances, hay un mayor rechazo al orden de cosas, lo mismo hacia autoridades y partidos, que a instituciones públicas y privadas. La ira social puede llevar a un salto al vacío: sin duda lo que propone López Obrador lo es; por eso es menester tomarle en serio en lo que dice y compromete.

Se requieren definiciones y romper con la complacencia. Hay que alzar la voz, sin estridencia ni temor, pronunciarse sin complejos sobre qué sí y, especialmente qué no.

Por lo que a mí respecta, no votaré por López Obrador.

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