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Legalidad, la madre de todas las batallas

En los últimos años, el origen de nuestros problemas como nación genera acalorados debates. Algunos sugieren la tesis de que la causa de nuestro rezago es de orden cultural y de valores. Hay quienes, en cambio, lo atribuyen a la falta de instituciones capaces de crear una visión de Estado. Y no faltan aquellos cuyos diagnósticos refieren la causal histórica. Pero más allá de los conceptos teóricos, todos los análisis serios coinciden en un punto: la ausencia de una cultura de la legalidad.

Mal haríamos en asumir con fatalidad el diagnóstico. Decir que en México no existe una cultura de la legalidad, no significa que debamos resignarnos como si no hubiera nada qué hacer. Lo que sí es claro es que nos enfrentamos a un problema profundo, presente en muchas formas, y del que la sociedad, en sus hábitos y creencias, participa activamente. Así, la falta de legalidad en México no debe vislumbrarse como un problema únicamente gubernamental o estatal, sino que, más bien, la proliferación de conductas ilegales también es consecuencia de una sociedad desvalorizada.

La escuela y el hogar son núcleos donde aprendemos valores y cuando estas instituciones entran en crisis, como en México, se acrecienta el deterioro de axiomas significativos para la cohesión social.

Una buena definición de un problema es el mejor inicio para su solución. El déficit de legalidad es un tema cultural, histórico e institucional. No es con el voluntarismo como se resuelve. Tampoco las instituciones por sí mismas o los atributos de quienes las dirijan son suficientes para superar el problema. La situación debe atenderse desde muchos frentes y debe hacerse con perspectiva y con metas específicas en cada una de las áreas de trabajo.

En la circunstancia que ahora vivimos, la legalidad o su ausencia no es absoluta; es selectiva en ciertos espacios y procesos sociales. En realidad, en este sentido, no somos muy diferentes al pasado colonial: una sociedad regulada en exceso, pero poco avenida al cumplimiento de la norma. “Se obedece, pero no se cumple” parece ser maldición de origen y condena de destino, aunque no sea así. Muchos suscriben la idea de que la ley no es práctica, otros que la norma es un recurso al servicio del poderoso. Lo cierto es que pocos, quizás una minoría muy pequeña, asumen en todas sus consecuencias el axioma de la legalidad, es decir, la convicción de que es el medio necesario e insustituible para una convivencia civilizada.

La legalidad es parte de la vida cotidiana. El buen ciudadano no solo ejerce sus derechos, sino que también cumple con sus obligaciones. Desde la Constitución, pasando por los ordenamientos administrativos y hasta el reglamento de nuestro fraccionamiento o condominio, todos, autoridades y ciudadanos, estamos obligados a cumplir la ley.

Sin embargo, las autoridades y quienes las encabezan, con frecuencia encaran el dilema del cumplimiento de la ley a pesar de que la realidad corre por cuenta aparte. Solo como ejemplo está el tema del gasto electoral. La ley le ha concedido al INE responsabilidades de fiscalización que obligan a partidos y candidatos a un esfuerzo mayúsculo para rendir cuentas sobre el origen y el gasto electoral, y se han creado complejas instancias técnicas de auditoría y contabilidad para ese fin. Pero la realidad es que todos los partidos y candidatos, en mayor o menor medida, especialmente los que tienen posibilidades de ganar, obtienen financiamiento y gastan en proporciones mayores con recursos no reportados. Hay que aceptarlo: con frecuencia, el dinero no auditado es mayor que el formal.

La ley es para cumplirse. No hay coartadas válidas. Otro ejemplo electoral de fraude a la ley y de ausencia de una cultura de legalidad, son las campañas que hicieron dirigentes partidistas para promoverse personalmente al amparo del derecho de publicidad de los partidos. Existe un principio básico que es el de la equidad en la contienda, y para ello se ha prohibido la promoción personalizada con recursos públicos, así como se ha impuesto la definición precisa de los periodos de campaña. Las prerrogativas de los partidos no pueden usarse para promoverse personalmente, hacerlo constituye una evidente violación a la ley.

El problema de la ambigüedad en el cumplimiento de la norma nos lleva a situaciones extremas que, hoy día, se manifiestan en expresiones múltiples de impunidad y que afectan severamente la civilidad y la convivencia pacífica. La ausencia de certeza de derechos y una deficiente justicia en términos cotidianos significa el imperio del más fuerte o del más decidido a quebrantar la ley. Es un incentivo perverso: cumplir afecta, violar la ley beneficia. Así, en un extremo, se impone la ley de la selva, el imperio del más fuerte, del más violento, del más sanguinario, de aquél que no conoce, acepta o practica límites en su conducta hacia los demás.

Cumplir y hacer cumplir la ley no es fácil, pero el costo de no hacerlo es considerablemente más elevado. La ley es protección, especialmente para el más débil o expuesto, frente al más fuerte o poderoso. La incertidumbre de derechos afecta a la economía, menos a quienes han consolidado posición, mucho más a quienes inician o están en la base del ciclo productivo o comercial. La informalidad es una de sus expresiones; un problema que tiene muchas aristas, pero que se reduce a una ausencia de cultura de la legalidad que, a la larga, se revierte contra el informal y contra la sociedad.

Las elecciones tienen el potencial de ser además de didáctica cívica, una oportunidad para plantear problemas y comprometer soluciones. Los partidos y los candidatos deben encarar el problema de la deficiente legalidad en todas sus dimensiones y eludir el recurso fácil de soluciones basadas en el voluntarismo o proponer respuestas que van a contrapelo de la observancia de la ley y de sus procedimientos.

La exigencia es de cambio y es una paradoja que la mejor oferta no es tanto la de cambiar la ley (y crear instituciones) -tarea siempre necesaria- sino de cumplirla y hacerla cumplir. Esto significaría la transformación más importante y trascendente en la evolución del país. Un desafío que a todos convoca y compromete. No solo de autoridades y de representantes, también y particularmente, de ciudadanos.

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