El diálogo siempre será bienvenido. Es la vía normal para gobernar, ganar respaldo y que las decisiones de autoridad sean enriquecidas por las opiniones de otros. El diálogo como base para el entendimiento debe ser auténtico, esto es, que quien invita y quienes participan, deben aceptarlo como un ejercicio de encuentro, sin prejuicios y sin posturas irreductibles.

Para algunos, con malicia, para otros, con ingenuidad, los representantes empresariales han correspondido con prontitud a la invitación del Presidente López Obrador para explorar la posibilidad de un entendimiento con miras a la aplicación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

La cuestión que empaña el proceso de diálogo es el amago presidencial sobre la responsabilidad penal, para él implícita, en los negocios de las empresas de autoabasto. El presidente debe aclarar o precisar su postura, ya que reiterarla no es una invitación al encuentro respetuoso, más bien pareciera la expresión de un deseo al sometimiento total.

Las diferencias y controversias jurídicas se pueden resolver con el diálogo. De hecho, es práctica común en los negocios. Sin embargo, esto se hace presente en condiciones de estricta legalidad, es decir, cuando el diferendo tiene como referente lo que determina la ley y quiere evitarse un litigio que puede llevar tiempo, en perjuicio de las partes.

Los representantes empresariales han solicitado que el acuerdo pueda realizarse ante el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ha ganado ante ellos credibilidad y a su vez, porque le reconocen cercanía con el mandatario. Cuando los funcionarios radicalizan posturas dificultan el entendimiento, y los encuentros de ese tipo regularmente resultan desastrosos, si no es que contraproducentes.

Después de la consulta para la revocación de mandato y de que el presidente no haya logrado la mayoría calificada para aprobar la reforma eléctrica que el propuso, es necesario transitar la vía de la política, del acuerdo y del diálogo. Muy poco contribuye al buen ejercicio del gobierno la estigmatización de la oposición o la intimidación de quienes con base en la ley mantienen una postura diferente a la del gobierno.