Mucho se ha dicho de la consulta para juzgar a los ex presidentes. El debate se ha centrado en un tema fundamental para su viabilidad, pero secundario para su realización, esto es, su constitucionalidad. La SCJN ya resolvió esto último, para ello modificó la pregunta y también la naturaleza de la consulta, es decir, el resultado no obliga ni compromete a la fiscalía, sólo se refiere a las autoridades o al Congreso. La senadora Beatriz Paredes ha presentado objeciones dignas de atención.

Lo relevante de la consulta debe ser la eficacia. Las dos preguntas son ociosas. La versión original, lo es por las razones expuestas por el ministro Aguilar Morales; la versión corregida por los ministros, porque, al decir de ellos, indagar el pasado no requiere permiso.

El sentido de una consulta es resolver dilemas sobre los que se tiene que decidir, una obra, ley o una acción específica. Si los altos servidores públicos de años pasados tomaron decisiones contrarias al interés nacional, eso debe investigarse, no se requiere de preguntar. La autoridad debe definir postura sin trasladar a la ciudadanía lo que es de su responsabilidad. Los mexicanos demandan acabar con la impunidad y eso implica a todos, pasado y presente.

Recabar la opinión de la gente atañe una didáctica democrática y más cuando las decisiones se pueden valorar a partir de los resultados y sus consecuencias. Poco sirve una consulta para utilizar el expediente con un evidente sentido electoral. Por ello los legisladores decidieron separar la elección de la consulta, y así impedir que un tema susceptible de manipulación interfiriera con la elección de autoridades y representantes populares.

La SCJN hizo bien en enmendar la inconstitucionalidad del proyecto inicial. La autoridad o el Congreso deben tomar la decisión, con o sin consulta, sobre la investigación del pasado, y hacerlo de manera responsable e imparcial. Particularmente si en el nuevo escenario propuesto por la Corte, la revisión amplia del pasado habría de incluir la manera como el gobierno de la República ha manejado la crisis sanitaria, las compras mediante adjudicaciones directas, la cancelación del NAIM o la desaparición de fideicomisos, entre otros asuntos cuestionados. El pasado empezó ahorita.

 

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