La crisis derivada de la pandemia expone a todos los países y muestra la fragilidad de muchos de los acuerdos y de la operatividad de las instituciones. Las dificultades suelen exhibir los mismos problemas en países muy diferentes, incluso en aquellos en los que persiste un consenso sobre los gobernantes y las instituciones políticas. Sólo como ejemplo, Estados Unidos, España, Alemania y México revelan durante la actual pandemia la tensión y el desencuentro de gobiernos nacionales con los locales.

En esta dinámica se ubican intereses de diversa índole. Los económicos que en ciertas actividades o regiones pueden hacer valer su postura con mayor acento; los electorales, en la perspectiva de capitalizar o minimizar el costo que plantean las medidas de sanidad o económicas frente a una próxima elección; y los políticos, esto es, la expectativa de que la crisis haga recuperar terreno para el que está rechazado o evitar perderlo para quien tiene aceptables niveles de aprobación. Advertir el comportamiento de los distintos países, gobiernos y las autoridades subnacionales muestra con claridad las diferentes perspectivas derivadas de los intereses en juego.

En el caso de México, han estado presentes las diferencias de algunos gobiernos estatales con el del centro. No todo se explica por la mezquindad o el oportunismo, también juega la genuina preocupación de que la crisis sanitaria pueda afectar severamente a la población y en particular no tener suficiente infraestructura sanitaria y hospitalaria por un crecimiento exponencial del contagio.

La Federación ha pretendido por la vía del diálogo someter a los gobiernos a su propia perspectiva. Gobernadores como los de Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango, Coahuila y Jalisco, entre otros, desde el inicio han tenido una postura más estricta ante la amenaza que presenta el Covid19. El gobierno federal se manejó con la tesis de que no hay que anticipar medidas que castiguen a la población y a la economía. Sin embargo, la geografía del contagio y de los fallecidos da la razón a los gobernadores.

Ciudad de México, Baja California, Puebla, Tabasco y posteriormente Veracruz muestran una dinámica de mayor vulnerabilidad que la de los estados donde los mandatarios tomaron medidas preventivas estrictas. Hubo quien no dimensionó la dinámica del problema. Se cantaron victorias anticipadas y se anunciaron etapas con información que resultó evidentemente falsa, como es el hecho de que el pico del contagio sería en la primera semana de mayo. No sólo no se suavizó la tasa de crecimiento de enfermos, sino que han venido creciendo la letalidad y los decesos.

La imprecisión de los números de la pandemia, que seguramente ocurre en más de un país, en México se ve agravada por la resistencia de las autoridades federales de realizar pruebas de contagio en una proporción razonable. A los gobernadores se les impidió importar las pruebas, a grado tal que México es uno de los países que menos exámenes de contagio ha realizado. Si no se hacen pruebas, como recomendó la OMS, es inevitable que la información derivada como geografía y demografía de contagios, decesos y particularmente, letalidad, sean imprecisas.

El Presidente actuó bien al establecer que la siguiente etapa debiera estar acordada con los mandatarios locales y que fueran estas autoridades las que determinarían la dinámica de la aplicación del programa subsecuente. Trasladar al gobernante local la decisión hace sentido, siempre y cuando el mandatario haga uso razonable de su potestad con apego irrestricto a la legalidad y al sentido común.

La CONAGO ha probado ser una instancia útil y productiva en la interlocución con el poder central. Un gobernador prudente y cuidadoso como Mauricio Vila, es quien tiene a cargo la comisión de salud. De manera que se tiene una razonable postura con el gobierno federal. Nada fácil por el desencuentro previo a la pandemia, a raíz del inicio del INSABI y por la idea de buena parte de los gobernadores de que es hora de revisar la recolección de impuestos y la distribución de recursos.

En el caso de México, el desencuentro del gobierno central con algunos de los gobiernos locales aumentará no solo por razones de calendario electoral. También está la disminución en la recaudación, especialmente la de ingresos petroleros. El gobierno de la Cuarta Transformación ha instrumentado políticas draconianas de reducción del gasto, a la vez que la inversión tiene una expresión regional que excluye la mayor parte del país. El gasto social tiene expresiones clientelares que tampoco contribuye a la armonía entre lo local y lo central.

Queda claro que la pandemia y su secuela afectarán de manera trascendente el frágil entendimiento entre el gobierno federal y las entidades federativas. Todo esto estará en el centro del debate con motivo de las elecciones locales, a casi un año de distancia. Es muy probable que su desenlace, por su expresión local, propicie el regreso de la pluralidad a la Cámara de Diputados.

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