A nuestra generación llegó inesperadamente y de golpe el realismo de una auténtica crisis. El impacto es semejante a lo que ocurre en las guerras mundiales, cuando las dificultades se generalizan más allá de lo que acontece en el país. Combatir la pandemia de coronavirus se ha vuelto objetivo global, y aunque se sabe que la batalla más temprano que tarde habrá de superarse, no debemos ignorar que tendrá un elevado costo humano, acompañado del deterioro profundo de las estructuras de la sociedad.

La principal gravedad de la situación, es el problema de salud pública, pero en perspectiva, el desafío mayor está en la economía y en la política. La retórica da para construir realidades imaginarias a partir de la manipulación de emociones. Siempre ha sido así, aunque ahora ha ganado mayores espacios en el ejercicio del poder formal. La cuestión es que la realidad objetiva de muchas personas no da para el engaño permanente. El desempleo, el deterioro del ingreso y de los servicios públicos básicos golpean a las mayorías ya de por sí en el desamparo. El discurso no es refugio cuando el hambre cala.

El desafío de la recuperación económica será un largo proceso, con efectos disparejos. Los beneficios asistencialistas son frágiles, en todo caso complementarios y evidentemente insuficientes. Por esa ruta, nada será diferente, los más pobres son los que mayormente padecerán. Bien por definir un piso básico de bienestar para los más vulnerables, malo que por hacer eso se pierda de vista que lo fundamental es salvar los pilares que sostienen el edificio de nuestra economía, las empresas.

Los países ricos han definido prioridades y estrategias preliminares para rescatar a sus empresas y reanudar cuanto antes el proceso de generación de riqueza que está detenido por la contingencia. Saben que no hay bienestar posible sin una economía que genere empleo, ingreso e impuestos. El gobierno tiene una responsabilidad fundamental e insustituible, pero lo suyo no es generar empleo, sino promover a quienes lo proveen. Ciertamente, habrá empresas que con o sin gobierno podrán acometer con éxito la adversidad y eventualmente reintegrarse a la recuperación, pero otras no están en tales condiciones. Esas, que son mayorías, y que mueven la economía y generan la riqueza nacional, sin facilidades financieras, de promoción o fiscales, difícilmente podrán salir adelante, ya no se diga tener perspectivas de largo plazo.

El golpe al bienestar por el colapso económico es brutal, con todo lo que implica. El ambiente de encono y rencor social tiene la mesa puesta para hacer de la política no el espacio de entendimiento, sino el de la descalificación. Asimismo, la criminalidad encuentra condiciones idóneas para su ampliación y desarrollo, situaciones que ningún estado nacional puede permitir.

Las naciones que entiendan la necesidad de un nuevo pacto social para mantener la unidad y la cohesión en torno a los valores democráticos y sus instituciones fundamentales estarán mejor habilitadas para reemprender la recuperación, que aquellas en las que prevalezca la división, desconfianza y la confrontación. Será la hora de la buena política. La disyuntiva se dibuja con claridad ante nuestros ojos: el camino de la democracia a partir de la coexistencia en la diferencia, o la polarización, que es una vía minada, desaconsejable de transitar, porque estigmatiza y descalifica al otro.

En las semanas y meses por venir, será fundamental que la política haga valer su condición para dar cauce civilizado a la lucha política y a la disputa por el poder. La ley, las libertades y la deliberación se vuelven cruciales para ir modelando el nuevo régimen post pandémico. La polarización destruye, no construye, y su tránsito no es el de la edificación de nuevas prácticas e instituciones, sino el del deterioro de lo que existe. Por ello es fundamental la claridad sobre lo fundamental por defender y cuidar, especialmente del embate destructor de la política que hace de la polarización medio, objetivo y destino.

El verdadero desafío obliga a la perspectiva y a la visión de largo plazo, que se dificultan ante la urgencia para atender lo inmediato. Mantener y proteger lo mejor que se tiene obliga en lo coyuntural a cesiones necesarias. Así, por ejemplo, declinar en ciertas libertades para hacer frente a la lucha a favor de la salud pública es inevitable y de sentido común; sin embargo, este proceso debe tener lugar con respeto riguroso a la ley, sus procesos y a las instituciones creadas.

La legalidad se ha deteriorado, y una vulnerabilidad mayor, sobre todo si se quiere hacer uso político del momento como licencia por encima de la norma, sería más grave. Así, en las condiciones actuales, es recomendable una mayor actuación y visibilidad del Consejo General de Salubridad y menos protagonismo político personalizado de funcionarios públicos, especialmente cuando se acompaña de discrecionalidad y de promoción política personal.

La legalidad va a ser siempre el mejor blindaje para transitar al futuro. No es destino, pero sí es camino, el más seguro y confiable.

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