Encuentros y desencuentros fiscales

Uno de los desafíos mayores del sistema fiscal mexicano ha sido el cumplimiento de los particulares con lo que determina la ley en materia de la obligación de pagar impuestos. El país acumula una larga experiencia de reformas y adecuaciones normativas a manera de fortalecer los ingresos públicos. Las más de las veces se ha legislado para una base tributaria cautiva, sin poner el foco en el tamaño y proporción de la economía informal. El no pago de impuestos, por la razón que sea, incluso por la dificultad que representa pagar, plantea problemas de justicia, legalidad y funcionalidad económica.

En el marco de la campaña pasada, el candidato López Obrador suponía que la política fiscal tenía como origen la desconfianza de los causantes por el destino incierto de los recursos generados por sus contribuciones, de manera tal que, una vez acreditado su buen uso los particulares gustosamente cumplirían con sus obligaciones fiscales. La postura ha cambiado en muy poco tiempo, y ahora más bien pareciera, por las reformas asociadas a los delitos fiscales, que se ha pasado al otro extremo, es decir, a utilizar las medidas de intimidación y apremio a manera de que los particulares por temor cumplan con el pago de impuestos.

La política fiscal se enfrenta a dos realidades: la natural resistencia de los particulares a cumplir sus responsabilidades, y la convicción institucional que todos los causantes deben pagar impuestos bien sea por convicción cívica o por el miedo a las consecuencias derivadas del incumplimiento. La cuestión que preocupa es que la informalidad, según algunas fuentes, representa el 25 por ciento del PIB y no haya una política para enfrentarla, lo que es un mensaje que desalienta al cumplido y alienta a quienes buscan obtener ventaja de las reglas para pagar lo menos posible de impuestos.

En este último escenario es donde se ha creado una suerte de industria de empresas llamadas factureras que simulan operaciones y que generan falsos comprobantes de gasto, a manera de que terceros puedan asumir negocios ficticios y de esta manera disminuir sus obligaciones fiscales. Las autoridades han identificado esta práctica y por lo mismo le han dado, como corresponde, trato de actividad delictiva. En el actual gobierno se ha decidido acentuar la embestida legal contra esta práctica y se les ha asociado a actividades de crimen organizado y por lo mismo aplicables los recursos extraordinarios para este género delictivo.

El desencuentro de los particulares con algunos funcionarios es que la acción contra los delitos fiscales ocurra en el marco de la discrecionalidad de autoridades y que se puedan emprenden acciones extraordinarias sin la intervención de autoridad judicial y especialmente, que pueda haber una afectación patrimonial previa a sentencia. La extinción de dominio reviste uno de los temas más preocupantes, y no es correcto que las autoridades entiendan esta inquietud como una resistencia a la lucha contra los delitos fiscales. Tampoco es válido trasladar a una intención partidaria el que dirigentes empresariales asuman la defensa de sus miembros frente a actos legislativos que afectan la certeza de derechos.

El Congreso ha actuado con acierto para eliminar el régimen de condonación de adeudos fiscales y también ha sido positivo que la opinión pública tuviera conocimiento de las empresas o personas físicas objeto de este tipo de beneficios. Esto no significa que las autoridades incurrieran en una acción ilegal o que los particulares en todos los casos obtuvieran beneficios indebidos. De hecho, es necesario que se ofrezca más información para entender la mecánica de tales decisiones, especialmente en los supuestos de causantes o beneficios mayores. Lo importante es acreditar la igualdad de todas las personas ante la ley y que todos cumplan con sus obligaciones fiscales.

Una vez que el Congreso ha dado pasos para una mejor justicia fiscal eliminando la discrecionalidad o la opacidad en los acuerdos de condonación impositiva y determinando sanciones a las prácticas ventajosas que afectan al patrimonio público, es preciso que la autoridad administrativa fiscal, vía reglamento, ofrezca un régimen que atienda lo central de las preocupaciones que han externado los representantes empresariales de forma tal que haya certeza de derechos y confianza de que no habrá abuso, descuido o negligencia en el ejercicio de las nuevas atribuciones que tienen las autoridades para el combate de los delitos fiscales.

El tema de cultura fiscal siempre remite al de legalidad. Los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones fiscales como parte fundamental de las responsabilidades cívicas, como lo establece la Constitución, no como resultado de persecución u hostigamiento que, además, no es algo que se vaya a hacer contra quienes están en la informalidad. Precisamente por esta consideración es que debe haber un sentido de justicia y de presunción de inocencia al momento que las autoridades ejerzan las medidas de apremio para que los cautivos incumplidos o quienes violen la ley, asuman las consecuencias del caso.

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